Autores: Luis Ordoki; Esther de Alba Bastarrechea; María Luz Martín Sanz; Lidia García Fernández; Goiatz Aizpuru Lizarralde; Arantza Martínez de Lagrán; Juan Carlos Areizaga Hernández; José Ignacio Navarro Méndez; José Luis Bilbao Eguren; Asun Olaechea Estanga; Jaume Amat i Reyero y Antonio M. López Hernández. Bajo el título El Parlamento y los Tribunales de Cuentas, se desarrollaron en Vitoria, en la sede del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, las jornadas anuales de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos en su edición número XXIII. Como es sabido, el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones que tiene mayor raigambre en el Derecho Público español, y cuyo origen se podría remontar a las Ordenanzas de Juan II de Castilla de 1437 por las que se creaba una Contaduría Mayor de Cuentas para realizar una labor ya entonces fiscalizadora sobre el empleo de los fondos que votaban las Cortes. Hoy, la regulación del Tribunal de Cuentas, del que el artículo 136 de la Constitución predica que es el «supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de aquellas», se encuentra en la Ley Orgánica 2/1982 y en la Ley 7/1988, que ha sido modificada en varias ocasiones. Pues bien, tiene el lector entre sus manos los trabajos presentados en estas Jornadas en los que se analizan la coordinación del Tribunal de Cuentas del Estado con los órganos de similar naturaleza de las Comunidades Autónomas; la relación del Parlamento con estos órganos de control externo, y también la función de control que les corresponde respecto de la financiación de los partidos políticos y de las subvenciones que perciben de las Cámaras los Grupos Parlamentarios.
