La criminalidad en el ámbito rural, además de una amenaza, ha sido siempre considerada como un síntoma de descontento y marginación social, de ahí que las autoridades de todo tiempo y lugar hayan tratado de reducirla desde el momento en que el orden se considera imprescindible para la actividad económica y la continuidad del poder establecido. La Nueva España virreinal no fue una excepción y quienes han investigado allí el fenómeno de la criminalidad lo han hecho prioritariamente a través de la documentación generada por la Acordada, jurisdicción especial concedida por el virrey Valero al provincial de la Santa Hermandad don Miguel Velásquez el año de 1719 y confirmada por el monarca tres años después. El presente estudio se centra en el bandolerismo existente hasta entonces, analizando el fracaso de la institución por antonomasia encargada de combatirlo, la Santa Hermandad; así como las alternativas tomadas por el poder político a partir de la década de los 80 del siglo XVII, que culminaron, dos décadas más tarde, en la concesión de la Acordada.
