En una época en la que los hombres no eran iguales ante la ley y los poderes públicos apenas distinguían a los pobres de los delincuentes, la justicia se configuró como el instrumento idóneo para asegurar obediencia y mantener el orden público. Entonces la homosexualidad se castigaba con la muerte, el vago era perseguido y encerrado, el ladrón condenado a galeras y el asesino ahorcado. A pesar del catálogo de crueles y espectaculares castigos exhibidos por las autoridades para disuadir a los malhechores, el crimen se extendió como la espuma precisamente allí donde más daño hacía: en Madrid, el corazón de la monarquía católica. En el transcurso de los siglos XVII y XVIII el acoso criminal fue de tal envergadura que además de la creación de nuevas fuerzas de policía urbana, se acabó recurriendo al ejército para consumar la represión. Para entonces, algunas mentes preclaras de la Ilustración constataron que la vara de la justicia se había quebrado, y que el crimen no aumentaba o disminuía en función de un mayor o menor grado de control, sino de otro tipo de circunstancias, predominantemente sociales, que se agudizaron ante la pasividad de las personas a quienes competía solucionarlas.
