Esta monografía explora algunos de los obstáculos para acceder a la justicia civil que afrontan las víctimas de daños ambientales que han sido verificados en terceros Estados no pertenecientes a la Unión Europea cuando aquellos han sido presumiblemente causados por empresas pertenecientes a grupos transnacionales de sociedades cuyas matrices están domiciliadas en el territorio de la Unión. El interés en este supuesto surge de la constatación de varias realidades vinculadas íntimamente a la globalización. Las sociedades mercantiles, organizadas en complejos grupos en los cuales se limitan el riesgo y la responsabilidad y se maximiza el beneficio, exportan sus actividades -muchas de ellas riesgosas- a países con regulaciones menos exigentes con menores expectativas de represión y condena en caso de daños y/o abusos, ya sea por sistemas judiciales poco independientes, instituciones débiles, corrupción, inexistencia de recursos económicos o técnicos, infracapitalización de la filial que es jurídicamente independiente de la matriz o escasas garantías procesales o de previsiones del Derecho sustantivo de la responsabilidad, entre otros factores. En estos escenarios, de países generalmente empobrecidos, en los que responsabilizar a sociedades que realizan allí grandes inversiones se convierte en una tarea prácticamente imposible, se verifican hoy muchos de los daños ambientales de gravedad. Conseguir la reparación de los daños personales y colectivos depende, en muchas ocasiones, del éxito de una posible demanda extraterritorial en otro país con alguna conexión con el daño en el que las expectativas de eficacia en la tutela judicial sean mayores. Así, esta monografía se centra en el estudio de la competencia judicial internacional en estos supuestos como factor clave para el acceso a la justicia, con la intención de ser un instrumento útil en el camino a lograr soluciones jurídicas más justas y eficientes adaptadas a la realidad del siglo XXI.
Laura García Álvarez es Licenciada en Derecho (2011) y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (2011) por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). En el año 2012 finalizó el Máster Oficial de Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y obtuvo una beca FPU del Ministerio de Educación para realizar el Doctorado. En 2015 defendió en la Universidad Pablo de Olavide su Tesis Doctoral sobre el acceso a la justicia civil en supuestos de daños ambientales causados por grupos transnacionales de sociedades con matrices europeas, recibiendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Ha realizado estancias de investigación en el Institut Suisse de Droit Comparé (Lausana), en el Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile) y, en el presente año, en el centro de UNIDROIT (Roma). En la actualidad es becaria de investigación en la Universidad Pablo de Olavide y está acreditada como Profesora Ayudante Doctora, desarrollando tareas docentes y de investigación en el área de Derecho internacional privado.
