Las Conferencias de Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo y sobre la Mujer de 1995 en Beijing consagraron en sus documentos finales los derechos reproductivos que abarcarían un amplio catálogo de libertades y prestaciones, íntimamente ligados a la salud reproductiva definida como un estado general de bienestar físico, mental y social. Recogiendo estos principios, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida y la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo contienen una regulación de la paternidad y maternidad que ya no responde al principio de verdad biológica, sino al principio de satisfacer los deseos, intereses y preferencias de los individuos. Esta regulación se presenta como ajustada al conocimiento científico y al consenso ético y jurídico internacional. Sin embargo, un análisis del derecho comparado y de las distintas posibilidades de reproducción lleva a la conclusión de que esa uniformidad no existe, sino que responde a una opción ideológica concreta.
