El Estado carece de legitimación ética y moral para instituir y aplicar la pena de muerte contra ningún delincuente. Objetivamente hablando, sin entrar en juicios sobre la buena fe de quienes pudieran pensar lo contrario, la pena de muerte constituye siempre una violación del derecho humano a la vida y un rechazo práctico del precepto cristiano del amor. La cruda realidad objetiva de la ejecución del reo, por muy legal y sofisticadamente que se lleve a cabo, y sean cuales fueren los motivos subjetivos alegados para instituirla y aplicarla, es siempre un acto de inhumanidad y de muerte. Por lo mismo, ni el Estado tiene poder legítimo para instituir y aplicar la pena de muerte ni la Iglesia autoridad moral para legitimar ética o teológicamente ese presunto derecho por parte de nadie.
